El Pleno del pasado 26 de noviembre tuvo cuatro aspectos fundamentales. En primer lugar, fue el primer Pleno presidido por el recientemente nombrado alcalde Don Francisco Linares, algo que no ocurría en La Orotava desde hace más de treinta años. En segundo lugar, se destacó la incorporación de la nueva concejala Doña Guacimara González, en sustitución del exalcalde Don Isaac Valencia. El tercer aspecto relevante fue la entrega sin miramiento alguno de la piscina municipal de El Mayorazgo a la empresa Canaragua por un plazo de ¡sesenta años! (prácticamente un regalo a una empresa privada). Y la última, algo que ya es habitual en los plenos de La Orotava: el Grupo Municipal Socialista es quien más iniciativas presenta con diferencia notable. IpO presentó tres mociones, CC otras dos y, como es habitual, el PP ni una. Por lo demás, más de lo mismo.

De los 48 puntos tratados en el Pleno (nueve de ellos mociones de los grupos políticos -menos el PP-), lo más destacable fue la concesión de la gestión del complejo deportivo municipal (piscina) de El Mayorazgo a la empresa Canaragua por 60 años, ampliándose a casi el doble de lo que, apenas dos años, se le había concedido.

Reproducimos íntegramente la intervención del portavoz municipal del PSOE, Víctor Luis, referido a este tema:

“La verdad es que inicialmente tuvimos nuestras dudas. Se trata de un complejo deportivo con una piscina largamente prometida por CC, y muchos años esperada por los ciudadanos y que ahora, después de apenas dos años de su apertura, parece ser que presenta problemas de viabilidad económica que pudiera amenazar su continuidad. Analizando este preocupante asunto hemos llegado a la conclusión de que el Grupo Socialista no solo no puede apoyar la solicitud de Canaragua de ampliación del plazo concesional, que ahora son 34 años, aludiendo a un desequilibrio económico insostenible, sino que va a votar en contra de cualquier tipo de aumento de ese plazo. Ni 60 años como pretende la empresa ni ningún otro plazo, aún a sabiendas de que esta empresa se quedó en solitario de la UTE que asumió parte del coste de estas instalaciones, ante la retirada de sus dos socios. Ampliación a la que parece que CC le da el visto bueno, con la posibilidad de revisar todas las condiciones de la concesión en el año 2018. Solución que no es aplicable al actual contrato, según Intervención, pero amortigua algo este tema. Para nosotros una vez autorizada la ampliación esto no tendrá marcha atrás. Bastaría para esa negativa con poner sobre la mesa los informes contrarios de Intervención, desestimatorio, y el informe jurídico que es desfavorable, para tener claro que lo que se pide, en principio, no está amparado por la normativa vigente. El Sr. Interventor deja claro en la Comisión de Hacienda que no se pueden modificar los plazos de una concesión de hace apenas 2 años porque, al menos, debe haber transcurrido el 20% del tiempo del contrato, que en este caso serían 7 años, por lo tanto no antes del 2018, para poder valorar el posible desequilibrio económico con cierta perspectiva. Además de que en las concesiones administrativas no se pueden modificar los plazos tan fácilmente ya que, si así fuera, es posible que otras empresas pudieran haber estado interesadas en esta concesión. No se puede jugar con ventaja cambiando las condiciones cuando tienes adjudicado el servicio y además en solitario. En todo negocio, y este lo es, el empresario debe asumir las cláusulas riesgo y ventura, es decir, la incertidumbre que asume el empresario ante una aventura empresarial. El informe sostiene que no está suficientemente acreditado el desequilibrio económico y por si fuera poco la tasa interna de rentabilidad (TIR) es positiva en un 6,40%, un poco por debajo del 8,18% previsto, y evidentemente superable cuando se tengan más usuarios o vaya desapareciendo la crisis. Por supuesto que sabemos y valoramos que es un tema sensible e incluso tiene componentes sociales. Son unos 3.000 usuarios, muchos de ellos mayores, beneficiándose de este servicio y que además da empleo a unos 52 trabajadores, según se nos ha informado. Pero, además de todo lo anterior, nuestra negativa la hemos sustentado realizando un pequeño estudio comparativo con similares instalaciones de otros municipios cercanos como La Laguna, Tacoronte, La Matanza o Santa Úrsula. Hemos analizado condiciones y precios en las diferentes categorías de cuotas en los años 2012 y 2013, y queda absolutamente claro que los de La Orotava son los precios más caros de todas ellas y con diferencia.

Veamos de manera resumida y como ejemplo los siguientes casos: Año 2012: La Orotava supera los precios de La Laguna en un 7,14%, de Tacoronte en un 33,93%, de La Matanza en un 7, 14% y de Santa Úrsula en un 5,04%. Incrementos para 2013: La Orotava sube los precios un 13,52%, mientras que La Laguna, Tacoronte, La Matanza y Santa Úrsula los suben un 5% (incluso esta última baja los precios a pensionistas un 5,5%). Es decir, comparativamente La Orotava subió los precios un 270% más que el resto, lo que representa casi un incremento del triple que los demás. Año 2013: La Orotava supera los precios de La Laguna un 15,84%, Tacoronte un 44,80%, La Matanza un 15,68% y Santa Úrsula un 13,67%. Equivale a unos 6 euros al mes de más por persona adulta y unos 4 euros de más a los pensionistas. Después de esta comparativa ¿Uds. creen que se puede achacar la pérdida de usuarios (de 5.000 a 3.000 usuarios) y el posible y no demostrado desequilibrio económico solo a la crisis, o a quedarse en solitario en esta concesión administrativa?. ¿Tendrá algo que ver estos incrementos de precios con toda esta situación? Parece evidente que sí. Lo que no se puede es aprovechar el momento para asegurarse un contrato en solitario y prácticamente de por vida. Quede claro que nosotros no queremos que este servicio se cierre. Todo lo contrario, pero sí pensamos que puede haber soluciones alternativas. Por qué no empezar por un análisis y posible ajuste de los costes del servicio adaptados a la actual situación y por una bajada de los precios que pagan los usuarios, que los asemejen a las demás instalaciones que hemos analizado, junto con una campaña de captación de nuevos usuarios y quizás, por qué no, la incorporación de algún nuevo socio que comparta la carga. Soluciones puede haberlas y, en nuestra opinión, no pasan por aprovechar la situación para garantizarse la hegemonía del negocio. Una cosa es externalizar o privatizar la gestión de un servicio y otra transigir con todo lo que soliciten las empresas concesionarias. La empresa sabe que tampoco le conviene rescindir el contrato o entregar la concesión por los perjuicios que ello conlleva. Para finalizar, esta solicitud, como poco, ofrece muchas dudas de su legalidad, tiene informes contrarios de Intervención y Secretaría, y creemos que no se debería aprobar. Nosotros en eso, por supuesto, no podemos colaborar, por lo que el voto del Grupo Socialista será negativo”.

En lo que respecta a las mociones, el resumen puede ser el siguiente:

La moción del PSOE dirigida a la creación de una Guía Municipal de Recursos Didácticos fue aprobada por unanimidad consiguiendo así que la Concejalía de Educación ponga a disposición de todos los centros escolares (colegios e institutos) de La Orotava un listado con todos y cada una de las posibilidades que ofrece este Ayuntamiento para que, a lo largo del curso, puedan ser utilizados por el profesorado que lo desee para diseñar actividades con su alumnado, ya que, en muchas ocasiones, no se conoce lo que existe en nuestro pueblo y que puede ser muy útil para aprender desde la realidad más próxima y, así, conocer nuestro patrimonio.

La segunda moción del PSOE fue en apoyar una proposición del Ley para la declaración como abusivas de las denominadas “cláusulas suelo” de las hipotecas bancarias. También fue aprobada con el voto en contra del PP. Gracias a esta moción, el Ayuntamiento de La Orotava solicita al Gobierno del Estado una proposición de ley que recoja la propuesta de regulación de cláusulas suelo que la asociación de consumidores ADICAE (Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España) ha presentado con la intención de declarar abusivas las cláusulas de limitación a la variabilidad de los tipos de interés, impuestas en los contratos de préstamos hipotecarios a particulares.

La tercera moción del PSOE también salió adelante, a pesar del voto negativo del PP, por la que se solicitaba al Gobierno de España a retirar el proyecto de Ley del sector eléctrico. Además, se pidió la derogación de las normas que amenazan con poner fin al desarrollo de las energías renovables, y a poner en marcha un proceso de participación y de diálogo lo más amplio posible, encaminado a consensuar una política energética para el país que traslade seguridad jurídica y estabilidad razonable en un sector estratégico como es éste. Incluyó también instar al Gobierno de la Nación a respetar los compromisos internacionales adquiridos en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y a una obligada convergencia con la Estrategia Energética Europea en materia de ahorro y eficiencia, así como del cumplimiento de objetivos en energías renovables. Además se consiguió que el Ayuntamiento se comprometiese a su vez a implementar medidas de eficiencia y de ahorro energético, y de apoyo a las energías renovables, en el ámbito de sus competencias. Coincidió con una moción del grupo mixto-IpO en este mismo sentido que se adhirió a esta.

La cuarta y última moción que presentó el PSOE, como ya es habitual cada año, fue en apoyo a la lucha contra la violencia de género. También se aprobó con el voto en contra del PP. Se exigió con ella que el Gobierno de España reactive la Ley Integral Contra la Violencia de Género con un presupuesto apropiado y suficiente. Que vuelva a coordinar a las administraciones de forma eficiente y continua. La retirada de la reforma local y la vuelta a las aulas de la asignatura de “Educación para la Ciudadanía” para así volver a educar en igualdad, exigiendo al Gobierno que luche contra la violencia de género, y que se comprometa en esta tarea con las organizaciones de mujeres que tanto camino llevan ya recorrido.

La primera moción presentada por CC, apoyada por el PSOE y por IpO, fue un rechazo al proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad local, que ya se aprobó por la FECAM (Federación Canaria de Municipios). La curiosidad es que el PP votó en contra, a pesar de que los alcaldes de este grupo votaron a favor en dicho órgano supramunicipal. La segunda que presentó este grupo coincidió con el grupo mixto-IpO en la que se solicitaba al Gobierno de España a retirar del proyecto de Ley de reforma de las pensiones públicas. Se aprobó con el apoyo del PSOE y el rechazo del PP, que no hizo otra cosa en el Pleno (ya que, como es habitual y constante, no presentó nada) que responder a todas y cada una de las iniciativas de los otros grupos, especialmente al PSOE que es el de mayor iniciativa en este Órgano municipal. Y hasta aquí el Pleno de noviembre en el que CC y PP “regalaron” una instalación municipal a Canaragua, prácticamente de por vida.