El Grupo Municipal Socialista cree que, una vez más, CC se equivoca en el tema de su dimitido concejal Domingo Acosta. Recordemos que se trata de indebido cobro de unas prestaciones por desempleo, a raíz de un informe de la Inspección Provincial de Trabajo. En ese informe se habla de la posible connivencia en fraude de ley entre el Ayuntamiento y el concejal.

Además de equivocarse, también decimos que CC es corresponsable de esta presunta ilegalidad, después de analizar todo este caso y de escuchar las explicaciones ofrecidas ayer, por el Grupo de Gobierno, en la Junta de Portavoces celebrada al efecto.

Nuestro grupo quiere ser riguroso con los datos y no erigirse en juez de nada, solo analizar y sacar conclusiones para ofrecer a los ciudadanos.

En esta reunión CC presenta un nuevo y reciente informe, del 12 de marzo, del área de Personal, donde se hace un repaso a los antecedentes del caso y se justifican las actuaciones realizadas. Todo este tema se puede dividir en dos partes, lo acontecido en junio de 2011, cuando toma posesión la nueva Corporación y se adjudican los cargos y los sueldos, y septiembre del mismo año, cuando el exconcejal solicita el día 12, al Ayuntamiento, la compatibilidad de su cargo con una actividad privada.

En cuanto a la primera parte, nuestro grupo considera que el exconcejal cobró indebidamente esas prestaciones y también actuó indebidamente solicitando al Ayuntamiento, por dos veces, que no se le diera de alta en la Seguridad Social. Con ese retraso ganó 10 días, del 17 al 27 de septiembre, justo lo que necesitaba para tramitar y obtener la prestación por desempleo. Resulta difícil creer que CC no supiera nada. Pero sea por acción o por omisión, creemos que hay responsabilidad en el Grupo de Gobierno. Bien por no saberlo o por saberlo y no hacer nada, máxime cuando el concejal, que sepamos, realizó su actividad laboral con entera normalidad. Quizá sea esto por lo que se habla de connivencia en fraude de ley del Ayuntamiento, que colabora por activa o por pasiva para que el concejal consiga su prestación por desempleo.

La segunda parte de este caso la calificamos de muy grave, ya que parece claro que CC ocultó el informe de 23 de septiembre de 2011 del área de Personal, con el conforme del Secretario General, donde se propone no reconocer la compatibilidad solicitada por el concejal para desarrollar una actividad privada en el propio municipio y se propone también que se adopte ese acuerdo por el Pleno, mediante resolución motivada. Esta resolución hace referencia a la Ley y al acuerdo del Pleno de mayo de 1996 que regula este tema de las incompatibilidades. No olvidemos que fue el Pleno quien aprobó el reparto de concejalías y sueldos.

Parece claro, evidente, que CC no llevó este informe a la Junta de Portavoces y tampoco al Pleno, por ser negativo y desfavorable a los intereses del concejal. La oposición nunca tuvo conocimiento del informe, hasta hace pocas semanas. Esa ocultación demuestra el oscurantismo con que se mueve CC en determinados casos. Ahora se quiere justificar con que faltaba un informe económico del que nunca se habló hasta ahora y, por supuesto, nunca se realizó. A partir de aquí este caso quedó olvidado hasta la reciente publicación de una notificación en el BOP, del 8 de febrero, sacando a la luz el presunto cobro indebido y el inicio de un procedimiento para que se devuelvan 19.500 euros por parte de exconcejal.

CC no puede pretender que este tema esté políticamente resuelto con la dimisión de su concejal, al que se le echa toda la culpa y toda la responsabilidad de lo sucedido, que no sabemos lo que tendría que decir al respecto. Que pena que algunos se hayan adelantado en la denuncia pública de este caso, propiciando así que CC forzara la dimisión inmediata de Domingo Acosta, quitando la posibilidad de que diera explicaciones en el propio Pleno, como nosotros pretendíamos.

Habrá o no ilegalidades, que creemos que las hay, pero la actuación de Domingo Acosta y del Grupo de Gobierno de CC no parece la más ética. Con la crisis en su máximo apogeo y con la credibilidad de los políticos por los suelos, no se pueden permitir casos como éste, en el que un político cobra el paro y además trabaja en el Ayuntamiento.

A nuestro Grupo no le gusta pedir dimisiones, porque además pensamos que no sirve para nada, pero sí pedir responsabilidades políticas a CC en La Orotava y que asuman su culpa. Pero claro, CC tiene muy difícil explicar lo inexplicable y justificar lo injustificable.