El Grupo Municipal Socialista también tuvo conocimiento de lo que se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife del pasado día 8, sobre una notificación realizada al concejal del Grupo de Gobierno de CC y Teniente de Alcalde, don Domingo José Acosta Luis, referida al indebido cobro de unas prestaciones por desempleo y el inicio de un procedimiento de revocación de esas prestaciones por valor de 19.464,23 euros.

Decimos también porque probablemente lo conocimos al mismo tiempo y por el mismo procedimiento que los compañeros de IPO. Sin embargo, nuestro grupo no optó por la denuncia pública de los hechos, sino por presentar el lunes día 25 un escrito al pleno en el que se incluían una serie de preguntas al respecto. Esas preguntas iban dirigidas al referido concejal, además de al Grupo de Gobierno de CC y al señor Secretario de la corporación municipal.

Lamentablemente, una vez dimitido el concejal, no será posible que le hagamos esas preguntas. Creemos que, en el fondo, se le ha hecho un favor a CC sacando este tema antes del pleno, ya que les dio la posibilidad de hacer dimitir al concejal y que no estuviera presente aquí, en el propio pleno para dar sus explicaciones. Nos dicen, concejal y Grupo de Gobierno, y no tenemos porque dudarlo, que no conocían lo publicado en el Boletín Oficial hasta el pasado viernes y que por eso no se había hecho nada hasta que se denunció públicamente.

La precipitación de algunos juega, a veces, una mala pasada. Sinceramente, creemos que no es un tema de apuntarse un tanto político, sino de lamentar que se produzcan, presuntamente, hechos como éste y pedir responsabilidades, tanto al concejal, dándole la posibilidad de explicarse en este pleno, como al Grupo de Gobierno y a los servicios jurídicos del Ayuntamiento.

CC no puede pretender que este tema esté políticamente resuelto con la dimisión de su concejal. Es lo suficientemente grave para que nuestro grupo también solicite una investigación interna, que depure las responsabilidades en las que pueda haber incurrido el propio Ayuntamiento. No olvidemos que la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social emitió un informe con fecha 29 de junio de 2012, destacando la compatibilización de las actividades del interesado como trabajador autónomo y sus funciones públicas como Teniente de Alcalde y, lo que es más importante, la posible connivencia en fraude de ley entre el Ayuntamiento de La Orotava y el concejal. Este punto es lo suficientemente grave como para que sea aclarado en todos sus extremos.

Creemos que tiene que ver con el punto 7 de la notificación del BOP dice que siendo preceptor de las prestación por desempleo, con fecha 17 de junio de 2011, fecha del pleno de aprobación del nuevo organigrama y de los sueldos de este mandato, el Ayuntamiento de La Orotava le da alta en la Tesorería General de la Seguridad Social, con posterior anulación del alta. A esto le unimos, que según parece, existe un informe jurídico de personal, del que nunca tuvimos conocimiento negando la compatibilidad. Si esto es así, el Ayuntamiento debe aclarar hasta qué punto tiene responsabilidad.

Insiste el Informe de la Inspección, aunque no se entiende muy bien, que el concejal estaba desempeñando un trabajo por cuenta ajena, a tiempo completo, en el momento del nacimiento del derecho de la prestación por desempleo. Por cierto, la notificación publicada por el Servicio Público de Empleo Estatal es un auténtico disparate de redacción y por ello también aparecen muchas dudas en el desarrollo de este caso.

Nuestro Grupo cree que este proceso destapa numerosos interrogantes que no solo afectan al concejal dimitido, sino que afectan a la gestión que CC hace en este Ayuntamiento, y que no se puede eludir solo con la dimisión de su compañero de Grupo.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista presentó en el día de ayer una serie de preguntas, alguna de las cuales ya tienen respuesta después de lo expuesto en la Junta de Portavoces, también celebrada ayer lunes. No obstante las preguntas presentadas son:

1. ¿Era consciente CC y su Grupo de Gobierno de lo que hacía su concejal?
2. ¿Por qué se le ha hecho dimitir tan apresuradamente? ¿No tenían confianza en él? ¿Hay algo que se pretende ocultar?
3. ¿Sabe el Grupo de Gobierno cuál puede ser el tipo de connivencia en fraude de ley existente entre el Ayuntamiento y el concejal, a que se refiere el informe de la Inspección Provincial de trabajo?
4. ¿Tenía conocimiento el señor Secretario de este asunto y qué explicación da a esa posible connivencia en fraude de ley entre el Ayuntamiento de La Orotava y el concejal?
5. ¿Qué papel juega Canaragua en todo esto? ¿Cobró o no cobró la factura de la obra supuestamente realizada, y por eso no se ha podido justificar el gasto?
6. ¿Existían los permisos municipales y se cumplían los requisitos legales para la apertura del negocio del concejal, tal y como se le exige a cualquier ciudadano emprendedor de este municipio?

Puede que no hayan, o sí, ilegalidades, pero lo que está claro es que la actuación del concejal no parece la más plausible cuando no la más ética, y más en esta época de dura crisis en la que la credibilidad de los políticos está por los suelos, no es fácil de asimilar por la ciudadanía que un político cobre el paro y trabaje en el Ayuntamiento.

Por último, nuestro grupo lamenta profundamente estos hechos, espera claridad y transparencia en el Grupo de Gobierno de CC, por lo que consideramos necesario una comisión de investigación, y también se reserva el derecho a realizar cuantas acciones estime convenientes, para la mejor resolución de este caso.